La propuesta impulsada por la canciller de economía británica, Rachel Reeves, para limitar el precio de productos básicos en los supermercados ha abierto un nuevo frente político y económico para el gobierno. Según informaciones publicadas por medios británicos, el Ejecutivo habría mantenido conversaciones con grandes cadenas de distribución para introducir topes “voluntarios” en alimentos esenciales como la leche, el pan o los huevos, a cambio de aliviar determinadas cargas regulatorias.

La idea nace en un contexto de creciente preocupación por el coste de la vida y el temor a un nuevo repunte de la inflación alimentaria debido a la inestabilidad en Oriente Medio. Sin embargo, la reacción de buena parte de los agentes económicos ha sido inmediata y muy crítica.

Desde el Banco de Inglaterra, su gobernador, Andrew Bailey, advirtió de que los controles de precios “no son sostenibles” a medio o largo plazo y pueden generar distorsiones graves en el mercado. Bailey alertó de que intervenir artificialmente en los precios termina alterando los incentivos de productores y distribuidores, además de aumentar el riesgo de desabastecimiento o de subida de precios en otros productos.

La oposición conservadora también ha pasado al ataque ante esta iniciativa. Diversas voces tories han comparado la propuesta con las políticas intervencionistas de los años setenta, acusando a Reeves de recurrir a “soluciones desesperadas” que dañan la confianza empresarial. Se ha llegado a comparar la medida con antiguos experimentos fallidos de control estatal de precios.

Pero donde la reacción ha sido más contundente ha sido en el sector de la distribución. El consejero delegado de Marks & Spencer, Stuart Machin, calificó la idea de “completamente absurda”, mientras que antiguos directivos de cadenas como Sainsbury's o Asda la describieron como “carente de inteligencia” y “sin sentido”. Los supermercados recuerdan que el sector ya opera con márgenes muy reducidos y sostienen que el verdadero problema son los mayores costes fiscales, energéticos y regulatorios impuestos por el propio Gobierno.

Ante la oleada de críticas, Downing Street parece haber enfriado la propuesta. Pero el debate sobre hasta dónde debe intervenir el Estado en plena crisis del coste de la vida apenas acaba de empezar.