La Canciller de Hacienda británica, Rachel Reeves, se encuentra bajo el foco del escrutinio público tras reconocer que alquiló su vivienda familiar cerca de Londres sin contar con la licencia que exige la normativa local. En concreto, su casa de cuatro dormitorios fue puesta en alquiler por 3.200 libras al mes desde septiembre de 2024, después de que ella y su familia se trasladaran a la residencia oficial en Downing Street.

Reeves alegó desconocer la necesidad de la licencia para arrendar y dijo que se trató de un “error involuntario”. Explicó que confiaba en que la agencia de alquiler encargada gestionara la licencia, pero que ésta no se solicitó. Sin embargo, hay dos hechos que claramente ponen en cuestión estas explicaciones:

El primero es que Reeves apoyó activamente en su circunscripción electoral la legislación que regula el régimen de licencias para arrendadores, lo que ha generado acusaciones de hipocresía al no haber cumplido ella misma con la norma.

El segundo punto débil de su explicación se refiere a varios emails que la agencia encargada alquiler la vivienda envió al marido de Reeves advirtiendo de la necesidad de obtener la licencia.

El primer ministro Keir Starmer, tras consultar al asesor independiente sobre estándares ministeriales, determinó que no era necesaria una investigación formal sobre este asunto. En su carta de respuesta a Reeves sostuvo que su rápida rectificación y disculpa bastaban para dar por concluido el asunto.

La oposición insiste en que el asunto daña la credibilidad del gobierno y pide mayor claridad. Además, el escándalo llega en un momento crítico, más aún después de que, hace menos de un mes, tuviera que dimitir la vice-primera ministra, Angela Rayner, por un asunto parecido relativo a una de sus propiedades inmobiliarias.

Con Reeves próxima a presentar el presupuesto que necesariamente incluirá una agenda complicada en materia de vivienda, impuestos y crecimiento económico, su error se considera “desastroso” para la credibilidad del Ejecutivo.

Queda por ver si el impacto de este asunto se limitará a un tropiezo político o si tendrá consecuencias más profundas como sucedió con la número dos del gobierno.