9 de octubre de 2023

José Luis Hernández de Arce
La justicia británica de la razón a Juan Carlos I

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido que el rey emérito Juan Carlos I no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.
La conclusión de la Juez Collins Rice es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. El hecho de que la demanda no se haya interpuesto en el país del demandado, como es su derecho por defecto, arroja bastantes dudas a la hora de considerar la existencia de una justa defensa.
Además de las cuestiones sobre la jurisdicción, la defensa de Juan Carlos I hizo hincapié en "la evidente falta de credibilidad de la demandante". En este sentido Larsen había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original que, como en las anteriores, estaba llena de contradicciones y era incapaz de ofrecer una pauta de conducta de acoso del antiguo monarca a la demandada.
Los letrados recordaron que, tras la abdicación de Juan Carlos I, el 14 de junio de 2014, Larsen "emitió un comunicado de afecto" donde le describe como "un hombre de una profunda humanidad y valentía, un leal y siempre atento amigo", además de un "gigante de la Historia".
Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Don Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España, en 2014. Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podría seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.
A pesar de todo, Larsen reclamó al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido. El total de la cuenta, como decíamos 146 millones de euros.
