Esta semana hemos tenido un claro ejemplo de lo diferente que es el baremo ético por el que se rigen los políticos británicos en comparación con los españoles.

La dimisión de la número dos del gobierno británico, la Vice Primera Ministra Angela Rayner ha sido todo un jarro de agua fría para los laboristas que no ganan para disgustos mientras se desploman en las encuestas.

Y es que, el gobierno de Keir Starmer no para de insistir en que podrá arreglar la economía británica con las subidas de impuestos del año pasado y con las que están anunciadas para éste, apelando al necesario esfuerzo del contribuyente británico. Pero si hay algo que los Británicos no perdonan es la incoherencia.

Angela Rayner, que ha defendido a capa y espada esos principios fiscales de la izquierda y que se define así misma como “una mujer de clase obrera”, adquirió recientemente un lujoso piso por 800.000 libras, más de 940.000€. Se le ha acusado de utilizar fondos de la prestación por incapacidad de uno de su hijo para financiar la compra. Pero lo que ha expuesto de forma definitiva a la furia de la prensa británica a la ya ex Vice Primera Ministra, es que cometió una infracción fiscal eludiendo el pago de más de 30.000 libras a la hora de liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Después de una semana intentando campear el temporal, alegando desconocimiento y también que actuó siguiendo el consejo de sus asesores (que lo han desmentido), Angela Rayner ha tenido que inmolarse políticamente renunciado a su cargo y provocando una crisis de gobierno que todo indica no será la última. En Reino Unido, los contribuyentes cada vez más asfixiados por la Hacienda Británica saben que el desconocimiento de las normas no excusa de su cumplimiento, y más aún para una Vice Primera Ministra que se supone que está manejando los asuntos más importantes del país, entre ellos, los impuestos de los ciudadanos.

Cuánto ganaríamos en España si los Británicos nos prestaran su vara de medir, aunque sólo fuera durante unos días.