La aprobación de la ley de muerte asistida esta semana por la cámara de los comunes del parlamento británico por una ajustada mayoría ha tenido una respuesta pública intensamente dividida.
La norma establece que los adultos con enfermedades terminales, es decir, con menos de seis meses de vida prevista, puedan solicitar la muerte asistida, tras recibir la aprobación de dos médicos independientes y de un panel de tres expertos compuesto por un psiquiatra, un abogado y un trabajador social. La ley contempla además un periodo de reflexión de 14 días y una garantía de que ningún profesional estará obligado a participar.

Una gran parte de la sociedad civil y de los parlamentarios, de todos los espectros políticos defienden que una norma que implica un cambio ético y moral tan profundo, que permite al Estado legalizar la facilitación activa de la muerte, debería haber sido aprobada por una mayoría de al menos dos tercios del parlamento. Y es que esta ley tendrá un impacto significativo sobre la confianza social en la medicina y en el sistema de salud que afectará a generaciones futuras y no debería ser una medida oportunista que es evidente que divide a la sociedad.

Además, activistas, ex altos cargos y profesionales de la salud llaman la atención sobre la inoportunidad de esta norma en un momento en el que el Servicio Nacional de Salud debería tener otras prioridades para atender servicios esenciales que no están adecuadamente cubiertos, por ejemplo, fortaleciendo y garantizando los cuidados paliativos e implementando medidas robustas para proteger a los más vulnerables.

Una vez más, parece que una ley de un calado moral tan profundo se lleva delante de manera forzada con el fin de que el gobierno laborista pueda dar señales de que cumple con su agenda ideológica y quizá así puede evitar que, al menos por unos días, deje de hablarse del pobre desempeño del gobierno en materia económica y de su incapacidad para resolver los grandes problemas que realmente preocupan a la sociedad británica tales como los servicio de salud para preservar la vida, la vivienda o la inmigración ilegal.