¿Se imagina que su banco le dice que no quiere tenerle como cliente por sus opiniones sobre la ideología de género, la inmigración o el cambio climático?

Pues eso es ni más ni menos lo que le ocurrió a Nigel Farage, el máximo impulsor de la campaña del Brexit.

Farage denunció esta semana que fue víctima de un “prejuicio corporativo flagrante” por haber sido rechazado por Coutts, un banco del gigante financiero Natwest cuyos clientes incluyen a la familia real. A principios de julio, Dame Alison Rose, directora ejecutiva de NatWest, tuvo que dimitir por su gestión este asunto. El tema resulta políticamente más sensible porque el estado británico sigue siendo el mayor accionista del banco.

Los bancos han estado bajo una creciente presión regulatoria para escrutinar a las "personas políticamente expuestas" por riesgos de lavado de dinero. En este caso, el informe de riesgos sobre Farage concluyó que no había señales de flujos de efectivo dudosos relacionados con él.

Pero el informe, además, evaulaba a Farage como un riesgo para la reputación del banco: su simpatía percibida por Vladimir Putin y Donald Trump, y sus puntos de vista sobre el cambio climático, la inmigración, los derechos humanos y las mujeres suponían para la entidad “comentarios y comportamientos que no se alinean con el propósito y los valores del banco”. Al parecer, el Sr. Farage no encajaba con esta marca progresista de lujo.

La dimitida directora, Dame Alison, admitió haber cometido un "grave error de juicio" al haber informado a la BBC de que el Sr. Farage fue rechazado únicamente por motivos comerciales. Estas declaraciones fueron una violación de la primera regla de la banca: no divulgar información sobre los clientes. La Sra. Alison renunció después de que Downing Street y el Departamento del Tesoro dejaran clara su inquietud.

El mismo día, Andrew Griffith, el ministro de consumo, llamó a los jefes de los bancos minoristas para una conferencia sobre el derecho de sus clientes a la libre expresión. El mensaje era que ha de existir un equilibrio entre la prerrogativa de las empresas de proteger su reputación eligiendo a sus clientes con cuidado y el derecho de las personas a entrar en política sin repercusiones. Al parecer, el gobierno se ha puesto decididamente del lado de este derecho.